CIUDAD DEL VATICANO, 21 ABR 2006 (VIS).-El diario indonesio "Kompas", publicó el pasado 16 de abril una entrevista al arzobispo Giovanni Lajolo, secretario para las Relaciones con los Estados, en la que el prelado habla de la peculiaridad del Estado de la Ciudad del Vaticano, de la actividad diplomática de la Santa Sede, de la separación entre las competencias de la Iglesia y del Estado y del diálogo interreligioso.
En la entrevista, el arzobispo precisa que el Estado de la Ciudad del Vaticano es un verdadero estado, pero de "minúscula realidad política, que tiene solamente la función de garantizar la independencia del Papa como autoridad suprema de la Iglesia Católica de cualquier poder civil", mientras la Santa Sede, es decir, "el Papa y la Curia Romana (...) impropiamente llamados Vaticano, porque tienen sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, no son un órgano de gobierno civil ni tienen por tanto funciones políticas". Por lo tanto, "no hay superposición entre la función política del estado y la función religiosa de la Iglesia ".
Tampoco hay que confundir el Estado de la Ciudad del Vaticano, que "tiene relaciones, sobre todo con Italia, limitadas a su modesta estructura" con la Santa Sede, que cuenta en cambio con una "vasta red de embajadas en todo el mundo" (las nunciaturas apostólicas).
"Las nunciaturas -explica el secretario para las Relaciones con los Estados- no se ocupan de política o de intereses comerciales, (...) sino de cuestiones relativas a la libertad de la Iglesia y de los derechos humanos. En general, la Santa Sede interviene para defender el estatus jurídico de la Iglesia y, en algunos países, en defensa de los católicos oprimidos, sometidos a presión o discriminados, y lo hace invocando los derechos sancionados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) o de los establecidos en la Constitución de los diversos Estados. (...) Los criterios de intervención cambian, según las situaciones, y se inspiran en la voluntad de ayudar de la manera más eficaz, y por lo tanto con la prudencia y la reserva necesarias para evitar repercusiones negativas".
Respecto a la separación de poderes entre Iglesia y Estado civil, el arzobispo dice: "La Iglesia no pretende imponer ley civil alguna, si no lo hacen las mismas fuerzas políticas. Es válido el principio fundamental de la separación entre la esfera política y la religiosa y la firme tutela de la libertad religiosa por la cual el Estado, así como no entra en la actividad de la Iglesia, tampoco está a sus órdenes. La Iglesia -en práctica los obispos de los países interesados-, quieren iluminar a los católicos y a la opinión pública del país, explicando con declaraciones públicas la posición católica sobre cuestiones morales planteadas por la legislación o por la actividad política, basándose sobre todo en argumentos racionales, accesibles también a los que no tienen fe".
"En el ámbito universal, la Santa Sede interviene sobre las grandes cuestiones morales planteadas por la política con documentos de vario tipo, como las encíclicas o las exhortaciones apostólicas del Papa o las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los criterios para enjuiciar si es oportuno intervenir son diversos: la Iglesia no puede callar, de todas formas, cuando se pone en cuestión la dignidad o los derechos fundamentales de los seres humanos o la libertad religiosa".
Por último, abordando el argumento del diálogo interreligioso, el prelado afirma que "Benedicto XVI continuará el compromiso del diálogo interreligioso, según las directrices del Concilio Vaticano II, como sus antecesores".
Tras advertir que "un conflicto de culturas, o peor aún de religiones, dividiría a los pueblos todavía más de cuanto ya lo estén", el arzobispo subraya que "el diálogo interreligioso apunta a conocer mejor la fe del interlocutor y a dar a conocer mejor la propia, reforzando los vínculos de estima mutua" y que "no pretende hacer que los que participan en él sean menos fieles a las profundas convicciones religiosas propias, sino abrir cada vez más las mentes y los corazones a la voluntad de Dios".
.../IGLESIA:ESTADO:DIALOGO INTERRELIGIOSO/LAJOLO VIS 20060421 (680)
CIUDAD DEL VATICANO, 21 ABR 2006 (VIS).-El diario indonesio "Kompas", publicó el pasado 16 de abril una entrevista al arzobispo Giovanni Lajolo, secretario para las Relaciones con los Estados, en la que el prelado habla de la peculiaridad del Estado de la Ciudad del Vaticano, de la actividad diplomática de la Santa Sede, de la separación entre las competencias de la Iglesia y del Estado y del diálogo interreligioso.
En la entrevista, el arzobispo precisa que el Estado de la Ciudad del Vaticano es un verdadero estado, pero de "minúscula realidad política, que tiene solamente la función de garantizar la independencia del Papa como autoridad suprema de la Iglesia Católica de cualquier poder civil", mientras la Santa Sede, es decir, "el Papa y la Curia Romana (...) impropiamente llamados Vaticano, porque tienen sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, no son un órgano de gobierno civil ni tienen por tanto funciones políticas". Por lo tanto, "no hay superposición entre la función política del estado y la función religiosa de la Iglesia ".
Tampoco hay que confundir el Estado de la Ciudad del Vaticano, que "tiene relaciones, sobre todo con Italia, limitadas a su modesta estructura" con la Santa Sede, que cuenta en cambio con una "vasta red de embajadas en todo el mundo" (las nunciaturas apostólicas).
"Las nunciaturas -explica el secretario para las Relaciones con los Estados- no se ocupan de política o de intereses comerciales, (...) sino de cuestiones relativas a la libertad de la Iglesia y de los derechos humanos. En general, la Santa Sede interviene para defender el estatus jurídico de la Iglesia y, en algunos países, en defensa de los católicos oprimidos, sometidos a presión o discriminados, y lo hace invocando los derechos sancionados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) o de los establecidos en la Constitución de los diversos Estados. (...) Los criterios de intervención cambian, según las situaciones, y se inspiran en la voluntad de ayudar de la manera más eficaz, y por lo tanto con la prudencia y la reserva necesarias para evitar repercusiones negativas".
Respecto a la separación de poderes entre Iglesia y Estado civil, el arzobispo dice: "La Iglesia no pretende imponer ley civil alguna, si no lo hacen las mismas fuerzas políticas. Es válido el principio fundamental de la separación entre la esfera política y la religiosa y la firme tutela de la libertad religiosa por la cual el Estado, así como no entra en la actividad de la Iglesia, tampoco está a sus órdenes. La Iglesia -en práctica los obispos de los países interesados-, quieren iluminar a los católicos y a la opinión pública del país, explicando con declaraciones públicas la posición católica sobre cuestiones morales planteadas por la legislación o por la actividad política, basándose sobre todo en argumentos racionales, accesibles también a los que no tienen fe".
"En el ámbito universal, la Santa Sede interviene sobre las grandes cuestiones morales planteadas por la política con documentos de vario tipo, como las encíclicas o las exhortaciones apostólicas del Papa o las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los criterios para enjuiciar si es oportuno intervenir son diversos: la Iglesia no puede callar, de todas formas, cuando se pone en cuestión la dignidad o los derechos fundamentales de los seres humanos o la libertad religiosa".
Por último, abordando el argumento del diálogo interreligioso, el prelado afirma que "Benedicto XVI continuará el compromiso del diálogo interreligioso, según las directrices del Concilio Vaticano II, como sus antecesores".
Tras advertir que "un conflicto de culturas, o peor aún de religiones, dividiría a los pueblos todavía más de cuanto ya lo estén", el arzobispo subraya que "el diálogo interreligioso apunta a conocer mejor la fe del interlocutor y a dar a conocer mejor la propia, reforzando los vínculos de estima mutua" y que "no pretende hacer que los que participan en él sean menos fieles a las profundas convicciones religiosas propias, sino abrir cada vez más las mentes y los corazones a la voluntad de Dios".
.../IGLESIA:ESTADO:DIALOGO INTERRELIGIOSO/LAJOLO VIS 20060421 (680)
En la entrevista, el arzobispo precisa que el Estado de la Ciudad del Vaticano es un verdadero estado, pero de "minúscula realidad política, que tiene solamente la función de garantizar la independencia del Papa como autoridad suprema de la Iglesia Católica de cualquier poder civil", mientras la Santa Sede, es decir, "el Papa y la Curia Romana (...) impropiamente llamados Vaticano, porque tienen sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, no son un órgano de gobierno civil ni tienen por tanto funciones políticas". Por lo tanto, "no hay superposición entre la función política del estado y la función religiosa de la Iglesia ".
Tampoco hay que confundir el Estado de la Ciudad del Vaticano, que "tiene relaciones, sobre todo con Italia, limitadas a su modesta estructura" con la Santa Sede, que cuenta en cambio con una "vasta red de embajadas en todo el mundo" (las nunciaturas apostólicas).
"Las nunciaturas -explica el secretario para las Relaciones con los Estados- no se ocupan de política o de intereses comerciales, (...) sino de cuestiones relativas a la libertad de la Iglesia y de los derechos humanos. En general, la Santa Sede interviene para defender el estatus jurídico de la Iglesia y, en algunos países, en defensa de los católicos oprimidos, sometidos a presión o discriminados, y lo hace invocando los derechos sancionados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) o de los establecidos en la Constitución de los diversos Estados. (...) Los criterios de intervención cambian, según las situaciones, y se inspiran en la voluntad de ayudar de la manera más eficaz, y por lo tanto con la prudencia y la reserva necesarias para evitar repercusiones negativas".
Respecto a la separación de poderes entre Iglesia y Estado civil, el arzobispo dice: "La Iglesia no pretende imponer ley civil alguna, si no lo hacen las mismas fuerzas políticas. Es válido el principio fundamental de la separación entre la esfera política y la religiosa y la firme tutela de la libertad religiosa por la cual el Estado, así como no entra en la actividad de la Iglesia, tampoco está a sus órdenes. La Iglesia -en práctica los obispos de los países interesados-, quieren iluminar a los católicos y a la opinión pública del país, explicando con declaraciones públicas la posición católica sobre cuestiones morales planteadas por la legislación o por la actividad política, basándose sobre todo en argumentos racionales, accesibles también a los que no tienen fe".
"En el ámbito universal, la Santa Sede interviene sobre las grandes cuestiones morales planteadas por la política con documentos de vario tipo, como las encíclicas o las exhortaciones apostólicas del Papa o las instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los criterios para enjuiciar si es oportuno intervenir son diversos: la Iglesia no puede callar, de todas formas, cuando se pone en cuestión la dignidad o los derechos fundamentales de los seres humanos o la libertad religiosa".
Por último, abordando el argumento del diálogo interreligioso, el prelado afirma que "Benedicto XVI continuará el compromiso del diálogo interreligioso, según las directrices del Concilio Vaticano II, como sus antecesores".
Tras advertir que "un conflicto de culturas, o peor aún de religiones, dividiría a los pueblos todavía más de cuanto ya lo estén", el arzobispo subraya que "el diálogo interreligioso apunta a conocer mejor la fe del interlocutor y a dar a conocer mejor la propia, reforzando los vínculos de estima mutua" y que "no pretende hacer que los que participan en él sean menos fieles a las profundas convicciones religiosas propias, sino abrir cada vez más las mentes y los corazones a la voluntad de Dios".
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