Ciudad
del Vaticano, 12 de marzo 2015 (VIS).-El arzobispo Silvano Tomasi,
Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y
otros Organismos Internacionales en Ginebra, intervino el pasado 4 de
marzo en la XXVIII Sesión del Consejo de Derechos Humanos que
abordaba la cuestión de la pena de muerte.
''La
Delegación de la Santa Sede -dijo el nuncio- se une al creciente
número de Estados que apoyan la quinta resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, pidiendo una moratoria global sobre
el uso de la pena de muerte. Entre la opinión pública es cada vez
mayor el apoyo a las diversas medidas para abolir la pena de muerte
o suspender su aplicación. Y esta delegación espera que ese dato
impulse a los Estados que aún aplican la pena de muerte a avanzar
hacia su abolición''.
El
arzobispo explicó que hace veinte años bajo el pontificado de san
Juan Pablo II la posición de la Santa Sede sobre esa cuestión se
enmarcó en el contexto ético de la defensa apropiada de la
dignidad inviolable de la persona y del papel que tiene la autoridad
legítima para defender de forma justa el bien común de la sociedad
''Teniendo en cuenta las situaciones prácticas que existen en la
mayoría de los Estados, como resultado de las constantes mejoras en
la organización del sistema penal -afirmó el arzobispo- hoy está
claro que medidas diversas de la pena de muerte son suficientes para
defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger el
orden público y la seguridad de las personas. Por esa razón, "la
autoridad se limitará a servirse de esos medios, porque
corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son
más conformes con la dignidad de la persona humana".
También
Benedicto XVI afirmaba en 2011 que las iniciativas políticas y
legislativas que se están promoviendo en un número creciente de
Estados para eliminar la pena de muerte y continuar los avances
concretos para conformar la legislación penal, tanto a la dignidad
humana de los detenidos como al mantenimiento efectivo del orden
público van por el camino justo. Y el Papa Francisco ha subrayado,
por su parte, que la práctica legislativa y judicial de la
autoridad del Estado siempre debe guiarse por la "primacía de
la vida y la dignidad de la persona humana", señalando además
"la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que
hacen los regímenes totalitarios y dictatoriales (...) como medio de
suprimir la disidencia política, o de persecución de las minorías
religiosas y culturales".
''El
respeto por la dignidad de toda persona humana y el bien común
-subrayó monseñor Tomasi- son los dos pilares sobre los cuales se
asienta la posición de la Santa Sede. Estos principios convergen con
un enfoque similar en la ley y en el derecho internacional de los
derechos humanos. Igualmente, hay que tener en cuenta el hecho de que
de la aplicación de la pena de muerte no resulta ningún claro
efecto positivo de disuasión y que la irreversibilidad de la misma
no permite ninguna corrección en caso de condenas erróneas''.
Por
lo tanto, la Delegación de la Santa Sede ''sostiene firmemente que
es posible el uso de medios incruentos para defender el bien común y
promover la justicia, e invita a los Estados miembros a modificar
sus sistemas de justicia penal para demostrar su adhesión a una
forma más humana de la pena. En cuanto a los países que afirman que
el abandono de esta práctica todavía no es posible, la Delegación
les anima a tratar de ser capaces de hacerlo''.
En
resumen, la Delegación de la Santa Sede ''apoya plenamente los
esfuerzos por abolir el uso de la pena de muerte y con el fin de
lograr ese objetivo tan deseado, es necesario dar los siguientes
pasos: apoyar las reformas sociales que permiten a la sociedad
poner en práctica la abolición de la pena de muerte; mejorar las
condiciones carcelarias, con el fin de garantizar el respeto de la
dignidad humana de las personas privadas de libertad''.
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