CIUDAD DEL VATICANO, 7 MAR 2011 (VIS).-Ofrecemos parte de una entrevista realizada a Radio Vaticano por Marcello Condemi, profesor asociado de Derecho de la Economía en la Universidad G. Marconi de Roma, y experto en materia de reciclaje en el Banco de Italia.
P: Han transcurrido más de dos meses desde el 30 de diciembre de 2010, fecha de la publicación por parte de la Santa Sede de las leyes en materia de reciclaje y de financiación del terrorismo, así como de la Carta Apostólica del Papa en forma de Motu Proprio; desde entonces, ¿qué hechos más relevantes han sucedido en el ámbito de la Santa Sede?
R: “En un tiempo muy breve, el Papa ha individuado y designado a las personas que integran el Consejo Directivo, órgano esencial para el funcionamiento de la Autoridad para la Información Financiera. (…) Las personas que integran el Consejo, en primer lugar el presidente, el cardenal Attilio Nicora, de reconocida solvencia, han sido nombradas por el Sumo Pontífice el 19 de enero de 2011, es decir, apenas veinte días después de la publicación de la Ley de anti-reciclaje.
“Esto ha permitido a la Autoridad, en espera de la entrada en vigor de la Ley CXXVII contra el lavado de dinero fijada para el 1 de abril de 2011, comenzar a trabajar en vista de las tareas delicadas que tiene por delante. La Autoridad cuenta con una sede, prevista en el Estatuto del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el Palacio de San Carlos. Además, está revisando los entes que, según sus características, se considera que, sobre la base del artículo 2 de la ley, están sujetos a las normas contra el blanqueo de dinero”.
“Todo esto se ha hecho usando las cualidades profesionales y la amplia disponibilidad de los miembros del Consejo Directivo, sin descuidar la construcción material de la organización de la Autoridad, en términos de adquisición de los recursos profesionales necesarios. En este sentido, se señala la designación del Director, que asume su cargo hoy y al que corresponde, en conformidad con el Estatuto, la responsabilidad de las “actividades operativas de la Autoridad”, es decir, la traducción operativa de las decisiones y de las estrategias adoptadas por el Consejo Directivo. Este nombramiento responde a una figura de alta calidad profesional, que se ha ocupado durante muchos años, entre otras cosas, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El nuevo director ha sido miembro, desde 1990, de la delegación italiana del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y es un experto en la valoración del grado de conformidad de los ordenamientos del Estatuto con las normas internacionales contra el blanqueo de dinero”.
P: En una entrevista del 30 de diciembre, subrayaba la determinación de la Santa Sede en proseguir el camino de la adecuación de su ordenación a las normas internacionales en materia de reciclaje ¿También se ha proseguido en este ámbito?
R: Evidencio ante todo que la normativa anti-reciclaje emanada el 30 de diciembre de 2010 constituye una sólida base de prevención y contraste, como han reconocido diversas autoridades. Por ejemplo, basta citar solamente la introducción del delito de auto-reciclaje que repercutirá notablemente también en la individuación de las eventuales operaciones sospechosas. (...) Señalo, además, que la Santa Sede (...) ha reiterado dirigiéndose a MONEYVAL (que es un organismo del Consejo de Europa ligado al GAFI) su determinación de proseguir el camino emprendido y ha manifestado su disponibilidad a adherirse formalmente a los organismos internacionales que se ocupan del contraste del reciclaje y de la financiación del terrorismo y, por lo tanto, a su modalidad de trabajo.
P. En vista de la proximidad del 1 de abril 2011. ¿Piensa que la Autoridad pueda dar cuenta de las eventuales operaciones sospechosas que pudiera conocer y comenzar así a cooperar con otras autoridades?
R. La Autoridad está trabajando con tesón en este sentido, con la finalidad de llegar a esa cita en la condición de dar cuenta de las eventuales operaciones sospechosas que pudiera conocer, de tratarlas como prevé la ley y de transmitirlas, en presencia de los presupuestos necesarios, a la Autoridad judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano.
OP/ VIS 20110307 (700)
P: Han transcurrido más de dos meses desde el 30 de diciembre de 2010, fecha de la publicación por parte de la Santa Sede de las leyes en materia de reciclaje y de financiación del terrorismo, así como de la Carta Apostólica del Papa en forma de Motu Proprio; desde entonces, ¿qué hechos más relevantes han sucedido en el ámbito de la Santa Sede?
R: “En un tiempo muy breve, el Papa ha individuado y designado a las personas que integran el Consejo Directivo, órgano esencial para el funcionamiento de la Autoridad para la Información Financiera. (…) Las personas que integran el Consejo, en primer lugar el presidente, el cardenal Attilio Nicora, de reconocida solvencia, han sido nombradas por el Sumo Pontífice el 19 de enero de 2011, es decir, apenas veinte días después de la publicación de la Ley de anti-reciclaje.
“Esto ha permitido a la Autoridad, en espera de la entrada en vigor de la Ley CXXVII contra el lavado de dinero fijada para el 1 de abril de 2011, comenzar a trabajar en vista de las tareas delicadas que tiene por delante. La Autoridad cuenta con una sede, prevista en el Estatuto del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el Palacio de San Carlos. Además, está revisando los entes que, según sus características, se considera que, sobre la base del artículo 2 de la ley, están sujetos a las normas contra el blanqueo de dinero”.
“Todo esto se ha hecho usando las cualidades profesionales y la amplia disponibilidad de los miembros del Consejo Directivo, sin descuidar la construcción material de la organización de la Autoridad, en términos de adquisición de los recursos profesionales necesarios. En este sentido, se señala la designación del Director, que asume su cargo hoy y al que corresponde, en conformidad con el Estatuto, la responsabilidad de las “actividades operativas de la Autoridad”, es decir, la traducción operativa de las decisiones y de las estrategias adoptadas por el Consejo Directivo. Este nombramiento responde a una figura de alta calidad profesional, que se ha ocupado durante muchos años, entre otras cosas, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El nuevo director ha sido miembro, desde 1990, de la delegación italiana del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y es un experto en la valoración del grado de conformidad de los ordenamientos del Estatuto con las normas internacionales contra el blanqueo de dinero”.
P: En una entrevista del 30 de diciembre, subrayaba la determinación de la Santa Sede en proseguir el camino de la adecuación de su ordenación a las normas internacionales en materia de reciclaje ¿También se ha proseguido en este ámbito?
R: Evidencio ante todo que la normativa anti-reciclaje emanada el 30 de diciembre de 2010 constituye una sólida base de prevención y contraste, como han reconocido diversas autoridades. Por ejemplo, basta citar solamente la introducción del delito de auto-reciclaje que repercutirá notablemente también en la individuación de las eventuales operaciones sospechosas. (...) Señalo, además, que la Santa Sede (...) ha reiterado dirigiéndose a MONEYVAL (que es un organismo del Consejo de Europa ligado al GAFI) su determinación de proseguir el camino emprendido y ha manifestado su disponibilidad a adherirse formalmente a los organismos internacionales que se ocupan del contraste del reciclaje y de la financiación del terrorismo y, por lo tanto, a su modalidad de trabajo.
P. En vista de la proximidad del 1 de abril 2011. ¿Piensa que la Autoridad pueda dar cuenta de las eventuales operaciones sospechosas que pudiera conocer y comenzar así a cooperar con otras autoridades?
R. La Autoridad está trabajando con tesón en este sentido, con la finalidad de llegar a esa cita en la condición de dar cuenta de las eventuales operaciones sospechosas que pudiera conocer, de tratarlas como prevé la ley y de transmitirlas, en presencia de los presupuestos necesarios, a la Autoridad judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano.
OP/ VIS 20110307 (700)
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