Ciudad
del Vaticano, 18 julio 2012
(VIS).-Monseñor Ettore Balestrero, subsecretario de la Sección para
las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado presidió
esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede un briefing con
motivo de la publicación del Informe de evaluación de las medidas
de prevención del blanqueo de capital y de la financiación del
terrorismo adoptadas por la Santa Sede/Estado de la Ciudad del
Vaticano (Informe Moneyval). Monseñor Balestrero ha sido el jefe de
la delegación de la Santa Sede en la sesión plenaria de Moneyval
que tuvo lugar el pasado 4 de julio en Estrasburgo (Francia).
Siguen
extractos del texto presentado esta mañana por monseñor Balestrero.
“El
Estado de la Ciudad del Vaticano tiene un territorio pequeño, con
una pequeña población y un nivel muy bajo de delincuencia nacional,
y carece de una economía de mercado. No es un centro financiero y
sus actividades financieras tienen como objetivo apoyar las obras de
caridad y la religión. Al mismo tiempo, la Santa Sede goza de una
reconocida autoridad moral y está en profunda conexión con los
países más cercanos y los más lejanos del mundo. La Santa Sede,a
quien compete la responsabilidad primaria de la misión de la
Iglesia Universal, tiene la tarea - si no el deber - de orientar y
guiar a las organizaciones católicas ubicadas en todo el mundo.
Aunque estas organizaciones tengan su sede legal en las respectivas
jurisdicciones a las que pertenecen, y por lo tanto deban respetar
las normas sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de
dinero y del financiamiento del terrorismo en vigor en dichas
jurisdicciones , es importante tener en cuenta que la Santa Sede se
avale de su autoridad moral para solicitar el mayor escrúpulo
respecto a los demasiado frecuentes delitos transnacionales de
blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo”.
Ruta
emprendida y primeros resultados
“En
primer lugar, siempre ha sido firme la decisión de luchar contra el
blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Además, en el
ordenamiento jurídico ya estaban presentes numerosos elementos
necesarios para hacer frente a esos delitos.
A
finales de 2010 se aprobó la Ley no. CXXVII en materia de
prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento
del terrorismo, que entró en vigor el 1 de abril de 2011. En junio
de ese año, se hizo operativa la Autoridad de Información
Financiera (AiF). También en febrero de 2011, se requirió a
MONEYVAL la evaluación sobre las medidas de prevención del
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo adoptadas por
la Santa Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano. En noviembre de ese
año tuvo lugar la primera visita de los evaluadores MONEYVAL. Los
evaluadores designados por MONEYVAL gozan de la reputación de ser el
equipo más sólido de evaluadores de esa institución. De él
formaban parte el presidente, el secretario y un administrador de de
MONEYVAL; el presidente del Grupo Egmont (el grupo de unidad de
información financiera acreditado internacionalmente y cuya
finalidad es facilitar el intercambio rápido y recíproco de
información entre unidades de información financiera); dos
experimentados analistas financieros y un profesor de derecho
internacional”.
La
revisión del texto original de la Ley no. CXXVII
“Según
las observaciones preliminares de los evaluadores en noviembre de
2011, estaba claro que la primera versión de la Ley n. CXXVII,
aunque representase un paso importante hacia una legislación
nacional efectiva, contenía una serie de carencias y limitaciones
que debían superarse.
Todas
las jurisdicciones que reciben la visita de los evaluadores disponen
de un plazo de sesenta días (a partir de la visita) para introducir
las modificaciones necesarias en la legislación nacional, de cara a
la preparación del informe. En cumplimiento de ese límite, el 25
de enero de 2012, la Santa Sede ha modificado la Ley n. CXXVII para
hacer,entre otras cosas, más eficaz la cooperación entre las
autoridades internas competentes en la prevención y la lucha contra
el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. El nuevo texto
legislativo destaca, en particular, la importancia de la
interconexión entre dichas autoridades y la necesidad de una
distribución equilibrada de las competencias respectivas, a fin de
establecer un sistema interno sólido y sostenible”.
El
sistema actual para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y
financiación del terrorismo
“Algunos
de los principales elementos de prevención y lucha contra el
blanqueo de dinero y financiación del terrorismo actualmente en
vigor:
-Se
introduce el criterio 'risk based approach' (es decir,"basado en
el riesgo") para identificar adecuadamente a los clientes e
individuar las transacciones sospechosas.
-Se
sientan las bases para reforzar la cooperación internacional,
incluido el intercambio de información con los homólogos
extranjeros (en este sentido, vale la pena hacer hincapié en que
concierne también al intercambio de información relativa a los
datos anteriores al 1 de abril de 2011).
-Se
hace explícita y conforme con las normas internacionales la
normativa interna sobre el secreto en ámbito financiero,
-En
materia penal se introduce, entre otras cosas, una amplia
definición del delito de blanqueo de dinero y financiación del
terrorismo, y se especifica la gama de delitos determinantes de
conformidad con las normas internacionales.
-Se
refuerzan los poderes de los tribunales del Vaticano para combatir
el delito de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así
como de los delitos determinantes, y en materia de incautación y
confiscación del producto de la actividad ilegal;
-En
caso de incumplimiento en la prevención y la lucha contra el
blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, se agravan las
sanciones, haciéndolas, además aplicables a las personas
jurídicas.
-Se
han previsto Memorandos de Entendimiento obligatorios para el
intercambio de información entre la AIF y las unidades de
información financiera de los estados extranjeros. Esto se debe a la
convicción de que esos memorandos son una herramienta eficaz y
fiable para el intercambio de información y son, además, conformes
con el principio de reciprocidad entre las jurisdicciones
involucradas en la lucha contra el blanqueo de dinero y
financiamiento del terrorismo;
-Se
ha hecho explícita la facultad de la AIF para realizar inspecciones
sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y
financiamiento del terrorismo. El texto enmendado de la ley no.
CXXVII prevé la adopción de un Reglamento General específico y
detallado en virtud de cómo efectuar concretamente esas
inspecciones.
Por
otra parte, la Santa Sede, en nombre del Estado de la Ciudad del
Vaticano, el 25 de enero 2012 ha ratificado las siguientes
convenciones: Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; Convención de
Nueva York para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de
1999; Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, de 2000.
Las
convenciones mencionadas son directamente aplicables al ordenamiento
jurídico interno, sin necesidad de ulterior implementación,
incluidas las normas sobre extradición y cooperación internacional.
Por
otra parte, el área de la cooperación internacional ha sido
cuidadosamente revisada. Las conclusiones de los evaluadores fueron
que el sistema actual de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del
Vaticano es 'largely compliant' (en gran medida conforme) con las
normas internacionales”.
Áreas
en las que los evaluadores señalaron la necesidad de mejoras
“Al
igual que otras jurisdicciones, somos muy conscientes de que la
legislación nacional sobre la prevención y la lucha contra el
blanqueo de dinero y financiación del terrorismo todavía se puede
mejorar. Debo mencionar, a modo de ejemplo:
-El
informe expresa alguna perplejidad en relación con el uso de
memorandos de entendimiento como base para la cooperación
internacional entre las unidades de información financiera. En este
sentido, creemos que la adopción de este instrumento, de conformidad
con las normas internacionales, representa el enfoque más apropiado
para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Se trata de
una jurisdicción pequeña, que quiere interactuar con otros países
de manera justa y coherente con el principio de reciprocidad. Por
otra parte, esta elección es compartida por otras jurisdicciones,
incluyendo, entre otras, Nueva Zelanda, Canadá y Australia; esa
elección tampoco desagrada a algunos importantes miembros del GAFI,
como los Estados Unidos.
-La
Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano se ha
dotado, en la versión modificada de la Ley no. CXXVII, de la
facultad de adoptar un Reglamento General sobre las competencias de
inspección de la AIF. Los evaluadores señalan que, hasta que el
presente Reglamento entre en vigor, las facultades de inspección no
se definirán explícitamente. Estamos completamente de acuerdo. El
presente Reglamento, cuyo texto ya ha sido elaborado, reflejará la
seriedad de nuestros objetivos.
-El
informe señala que la estructura de la AIF, al combinar las
funciones normalmente llevadas a cabo por las unidades de
información financiera con las realizadas por los organismos
reguladores, podría causar dificultades en la aplicación efectiva
de las normas internacionales. Dicha estructura de la AIF procede de
la primera versión de la Ley n. CXXVII. Se ha mantenido en la
versión modificada de la misma ley, pero los evaluadores han
expresado su escepticismo acerca de su "concreto
funcionamiento". Estamos muy agradecidos por esta observación,
que acogemos con seriedad.
-El
informe observa que podría haber un conflicto de intereses por el
hecho de que una misma persona ejerza al mismo tiempo su actividad en
una institución vigilada y en el ente de vigilancia”.
Pasos
sucesivos a la modificación de la ley n. CXXVII
La
Santa Sede ha proseguido el fortalecimiento del sistema interno de
prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y financiamiento
del terrorismo. En primer lugar, las autoridades competentes de la
Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano han pasado de
soluciones a corto plazo a soluciones a largo plazo, sostenibles y
eficaces.
Por
ejemplo, después del 25 de enero (es decir, después del período de
dos meses tras la visita de los evaluadores):
-La
Santa Sede ha introducido una lista interna de las personas
identificadas como terroristas, de conformidad con las medidas
exigidas por las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
-Se
ha enviado oficialmente una carta de adhesión al Grupo Egmont.
-Mediante
la firma del Memorando de Entendimiento, la AIF se ha colocado
rápidamente en la red internacional de unidades de información
financiera.
-La
Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha
puesto en marcha, como hemos observado, el proceso de adopción del
Reglamento General sobre la facultad de inspección de la AIF.
-Ha
iniciado una revisión ulterior de la justicia penal, con miras a su
modernización, a la luz de las normas internacionales.
-
Se completará en breve la evaluación de factores de riesgo.
-
Está en fase de evaluación adicional, la ratificación de
ulteriores tratados sobre la lucha contra la delincuencia y la
introducción de una nueva ley sobre organizaciones no lucrativas”.
Conclusión
“Hemos dado un paso definitivo
echando los cimientos de una 'casa', es decir de un sistema de lucha
al blanqueo y al financiamiento del terrorismo, que sea sólido y
sostenible. Ahora queremos construir un 'edificio' que demuestre la
voluntad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano de
ser un 'compañero' fiable en la comunidad internacional”.
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